La Ley de Dependencia afrontó su primera gran reforma

16/07/2012


El Gobierno central acaba de dar su visto bueno a la primera gran reforma de la Ley de Dependencia, una normativa aprobada en 2006 con el objetivo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar. Como principales aspectos a destacar, a los cuidadores familiares se les dejará de dar de alta en la Seguridad Social y las ayudas económicas que perciben se verán rebajadas en un 15% como mínimo. Asimismo, se tendrán en cuenta la renta y el patrimonio a la hora de calcular lo que el dependiente tiene que pagar, y se simplifica el sistema en tres grados de dependencia. Estos cambios buscan garantizar la sostenibilidad de dicha ley y, por consiguiente, su pleno desarrollo.
Según datos oficiales del SAAD, poco más de un millón de dependientes (1.033.776) habían sido reconocidos como beneficiarios de alguna prestación a 30 de abril de 2012. Estos mismos datos muestran que el grupo más amplio es el conformado por los dependientes severos, quienes representan el 30,45% del total. Por su parte, los grandes dependientes suponen el 27,51%, y los dependientes moderados representan el 26,28%. En principio, las cerca de 300.000 personas que integran este último grupo no percibirán las prestaciones que les corresponden hasta 2015, lo que supone una demora de tres años con respecto al plazo inicial. Por otro lado, casi el 52% de las prestaciones concedidas son ayudas monetarias (428.899), a pesar de que la normativa las dotaba de un carácter excepcional.
Con respecto a los servicios, el más extendido es la teleasistencia, con 133.290 personas registradas. Muy cerca se sitúa la atención residencial, con 122.663 dependientes, y la ayuda a domicilio, con 120.904. Por detrás están los centros de día o de noche, con 61.971 personas. Los programas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal constituyen la opción minoritaria, a pesar de que los expertos señalan que es lo que más se debería potenciar de cara al futuro. Sólo se han concedido 18.726 solicitudes en este sentido. Precisamente, con esta reforma se pretende premiar económicamente a aquellas autonomías que ofrecen servicios asistenciales en lugar de meras ayudas económicas.
 
 

 

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