Número 234 - Entra en vigor la prescripción por principio activo

04/11/2011

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[/one_fifth] [four_fifth_last] Esta semana ha entrado en vigor la generalización de la prescripción por principio activo en el Sistema Nacional de Salud (SNS), prevista por el Real Decreto Ley 9/2011, que establece que los profesionales sanitarios con capacidad para prescribir medicamentos lo deberán hacer consignando en la receta el nombre del principio activo del medicamento y no de la marca. Esta medida fue acordada por la titular del ramo, Leire Pajín, y las comunidades el pasado mes de julio, y con ella está previsto un ahorro para el SNS de alrededor de 2.000 millones de euros anuales. Además, la norma establece que en las farmacias se deberá dispensar un medicamento de los que estén a menor precio dentro de los que contengan el mismo principio activo que el prescrito, la misma dosificación y la misma vía de administración. No obstante, el médico siempre podrá prescribir al paciente el medicamento que considere más apropiado, tenga el precio que tenga, siempre que exista una necesidad terapéutica justificada. En estos casos, la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado que en las recetas oficiales en formato papel el médico consigne la anotación de "necesidad terapéutica" avalada con su firma, lo que posibilitará, en cualquier oficina de farmacia del Estado, la dispensación del medicamento prescrito.
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Siete de cada diez españoles quieren que el Estado recupere las competencias en Sanidad

Una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería revela que hasta siete de cada diez españoles (69,8%) piensa que el Estado debería asumir las competencias en materia de Sanidad, que ahora depende de las comunidades, a fin de resolver los problemas con que actualmente se encuentra el SNS. El trabajo, que se ha basado en 1.200 encuestas telefónicas, pretende "dar voz al ciudadano" y mostrar a los partidos políticos su valoración sobre el presente y futuro de la sanidad pública, a fin de que lo tengan en cuenta de cara a las próximas Elecciones Generales. "Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados", ha reconocido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que "los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios". Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media. [/one_fourth]
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Las administraciones adeudarán 2.262 millones a las farmacias a final de año

A final de año el impago de las administraciones sanitarias afectará a la mitad de las farmacias españolas, a las que deberán un total de 2.262 millones de euros, ha advertido esta semana la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Así, los datos del Observatorio Médico recogidos en octubre apuntan que esta situación afecta a 11.323 farmacias, que podrían sufrir desabastecimiento de medicamentos y una quiebra de la prestación. Ante esta situación, la patronal ha pedido, como "mejor y quizá única solución", que el Estado avale la deuda de las comunidades. Las estimaciones de la patronal farmacéutica indican que los impagos serán superiores a cuatro meses en Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana y habrá retrasos de entre uno y tres meses en Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria y La Rioja. En concreto, las farmacias de Castilla-La Mancha están pendientes de cobrar las facturas de junio, julio, agosto y septiembre. Además, en este caso todavía no se ha alcanzado una solución conjunta de financiación con bancos o cajas, por lo que FEFE estima que la deuda de esta región a final de año ascenderá a 301 millones de euros.
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Un 40% de las farmacéuticas asegura tener caídas en sus ventas de entre el 5 y el 15%

50 de las compañías farmacéuticas más importantes de España, tanto nacionales como extranjeras, han participado en una encuesta de KPMG sobre la situación de la industria tras la aplicación de los RDL 4/2010 y 8/2010, de la que se puede destacar que el 40 por ciento de sus directivos señala que como resultado de estas medidas de contención del gasto estatal han caído sus ventas entre el 5 y el 15 por ciento.Pero el impacto de la industria es mayor, ya que el 10,64 por ciento de las empresas del sector consultadas señala que sus caídas están entre el 15 y el 25 por ciento, y un 4,26 por ciento de ellas asegura que la caída es superior al 25 por ciento. Aseguran en su mayoría (un 82,98 por ciento) que los precios y el entorno regulatorio serán muy importantes, pese a lo cual, menos del 50 por ciento considera estratégico fortalecer sus relaciones con las administraciones y el 60 por ciento muestra como una de sus principales preocupaciones los retrasos en el cobro de la deuda hospitalaria. Preguntados sobre las estrategias puestas en marcha para hacer crecer sus ingresos (la encuesta se realizó entre mayo y junio de este año), el 70,21 por ciento señala la aceleración de la introducción de nuevos productos al mercado y un 40,43 la diversificación geográfica de nuevos mercados. Los directivos encuestados priorizan, para competir en el entorno actual, la reducción de costes vía eficiencia en la estructura organizativa de la compañía (en un 66 por ciento de los casos) y la necesidad de los laboratorios de adaptar y transformar distintas áreas de negocio (un 60 por ciento de los encuestados).
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Las ayudas para investigación básica bajan 44,3 millones desde 2009

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha resuelto su convocatoria de proyectos de investigación fundamental no orientada 2011. Los proyectos elegidos son 3.350, a los que se dedicarán 384,7 millones de euros, un incremento, según Ciencia, de 14,2 millones de euros (3,83 por ciento) respecto a la cantidad total concedida en el año 2010. Cifras ante la que la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI) no está de acuerdo porque, según su presidenta Pilar Navas-Parejo, no han sido proporcionadas “con perspectiva”. Y es que según datos de la FJI, la cantidad que anuncia el Ministerio de Cristina Garmendia supone un descenso de 44,3 millones de euros con respecto a lo invertido en 2009. Según Navas-Parejo, “el dinero máximo destinado a financiar los proyectos no ha variado en los últimos cuatro años; siempre ha sido de 430 millones de euros”. Así, la Federación apunta que en 2008 se concedieron subvenciones por un valor de 417 millones de euros, cifra que aumentó a 429 millones en 2009. Sin embargo, en el bienio 2010-2011 la financiación ha decrecido hasta los 371 y 385 millones de euros, respectivamente.
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