Número 256 - El Gobierno cifra en 7.267 millones el ahorro con el decreto sanitario

27/04/2012

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El Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ahorrará un total de 7.267 millones de euros, de los que 500 derivarán del copago farmacéutico en función del nivel de renta. Así se desprende de la memoria económica que acompaña a dicho decreto ley, que al mismo tiempo detalla que la retirada de la tarjeta sanitaria a los 676.000 ciudadanos europeos en España ahorrará exactamente 917 millones de euros, sin especificar qué montante corresponderá a los inmigrantes sin papeles. Este ahorro se suma igualmente al de 500 millones de euros previsto por la elaboración del nuevo sistema de actualización del Nomenclátor, es decir, de la redefinición del catálogo de medicamentos sacando fuera de la financiación aquellos que se destinan al tratamiento de enfermedades menores.
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Farmaindustria considera una "chapuza" que se cambien las "reglas del juego" cada seis meses

El presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, ha asegurado que los recortes aprobados por el Gobierno en materia de Sanidad vuelven a afectar a una industria a la que ya se ha "atizado" cuatro veces con Reales Decretos-ley en los últimos dos años y, en este sentido, ha considerado una "chapuza" que se cambien las "reglas del juego" al sector "cada seis meses". Así lo ha aseverado durante su participación en una mesa redonda organizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) con motivo de la presentación del informe 'Diez temas candentes de la Sanidad española para 2012'. "Esto es inaguantable", según el presidente de la patronal de la industria farmacéutica en España, que ha criticado que "nuevamente sean los proveedores los que paguen los recortes" aprobados por el Gobierno central en materia de sanidad.
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Colectivos médicos estudian obviar la ley y atender a los inmigrantes ilegales

La reforma del SNS llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy podría encontrarse en breve con una suerte de 'boicot' interno liderado por los propios médicos responsables de atender a los pacientes en cada centro de salud público. Un sector de la profesión estudia ejercer su derecho a la 'objeción de conciencia' y atender a los inmigrantes ilegales sin tarjeta sanitaria, aunque los cambios en las normas así se lo impidan. "Para el Gobierno quizá esos pacientes son sólo números y cifras, pero para nosotros se tratan de gente con nombre y apellidos. Si uno de ellos, una de esas personas que yo he atendido hasta ahora, llega a mi consulta buscando atención, será complicado que no lo atienda. Es cuestión de ética", afirma uno de los galenos que medita adherirse a esta iniciativa. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad pidió este miércoles a todos los médicos y enfermeros de España que practiquen la objeción de conciencia y no acaten el 'decretazo' de Ana Mato y sigan atendiendo a los 'sin papeles'.
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El PSOE estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto sanitario

El PSOE no descarta recurrir ante el Constitucional el decreto de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno, al igual que podría hacer la Junta de Andalucía, por entender que es una "agresión" a los derechos constitucionales y que puede "vulnerar las competencias" de las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado la secretaria de Política Social del partido, Trinidad Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha exigido al Ejecutivo que responda sobre si los españoles de 27 años que queden fuera de la unidad familiar y las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social seguirán recibiendo atención sanitaria. Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado "en el aire" a estas personas al exigir cotizar en este país para ser titular de la tarjeta sanitaria, excluyendo así a los inmigrantes en situación irregular o que no pagan impuestos.
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Habrá copago para ambulancias no urgentes y un nuevo “medicamentazo”

El decreto de medidas confirma nuevos copagos además del farmacéutico. Los pensionistas empezarán a pagar por primera vez por sus medicinas y el resto de pacientes un porcentaje mayor del precio de sus fármacos en función de la renta; hasta el 50% la mayoría de los ciudadanos y hasta el 60% las rentas más altas, superiores a 100.000 euros anuales. Esta misma fórmula se aplicará para el uso de ambulancias no urgentes (utilizadas en el traslado de pacientes de rehabilitación o diálisis), en los tratamientos dietoterápicos (suplementos para pacientes con problemas de desnutrición, deglución y enfermedades metabólicas...) y a los productos de ortopedia (muletas, sillas de ruedas, collarines, calzado ortopédico...). Este copago «se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación», se explica en el decreto.
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