Número 264 - Las CCAA fijan un sistema común de reembolso del copago por renta

22/06/2012

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Directores generales, técnicos y gerentes de servicios de salud de las 17 comunidades autónomas han definido las propuestas a debatir en el próximo Consejo Interterritorial (CI) del 27 de junio. Dentro de los 30 puntos incluidos en el orden del día, destaca el acuerdo de la Comisión Delegada del CI para el establecimiento de un sistema homogéneo y común para toda España a la hora de devolver a las personas pensionistas el dinero que paguen “de más” por sus medicamentos. En concreto, la propuesta realizada por la Comisión Delegada recoge que la aportación del 10 por ciento para los pensionistas con topes máximos de aportación mensual (8 euros para las rentas menores de 18.000 euros, 18 euros para las rentas entre 18.000 y 100.000 euros y 60 euros para las rentas superiores a 100.000 euros) se devuelva cada tres o cada seis meses. Si el pago es inferior a 7 euros se acumulará para abonarse en la siguiente devolución. Otra de las novedades que podrían aplicarse a partir del próximo 1 de julio es la propuesta de establecer, para las rentas más bajas, un tope máximo 30 euros mensuales de pago directo en las farmacias.
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Los sindicatos acuden al Defensor del Pueblo para que recurra ante el TC la reforma sanitaria

Las principales organizaciones sindicales del sector sanitario --CC.OO, UGT, SATSE y CSIF-- han anunciado que la próxima semana van a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley 16/2012 impulsado por el Gobierno para acometer su plan de reformas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Dado que la ley les impide presentar un recurso de inscontitucionalidad directamente, han recurrido a esta Institución para protestar contra un paquete de medidas que a su juicio "se carga el mejor sistema sanitario del mundo", como ha reconocido Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de Enfermería SATSE.
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Cada usuario de Sanidad ya tiene asignado un código que marca lo que pagará por los fármacos

Los 44 millones de usuarios del Sistema Nacional de Salud cuentan ya con un código identificativo que revela qué cantidad proporcional del coste de los medicamentos tendrán que abonar en función de su renta a partir del 1 de julio, fecha en la que comenzará a aplicarse el nuevo «copago» farmacéutico. Así lo ha anunciado esta semana la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, quien ha dicho que su departamento ha hecho los deberes para que todo esté listo en el momento de aplicar una medida que, por primera vez, afecta a los pensionistas. Farjas ha recalcado que «no es real, sino todo lo contrario», lo que han expuesto algunos dirigentes como el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, en la línea de que ni la administración ni las farmacias están listas para ejecutar el «copago».
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País Vasco tramita un decreto para no aplicar el copago y atender 'sin papeles'

El Gobierno Vasco está tramitando con urgencia un decreto que, de no modificarse antes de su posible aprobación, impediría que en la comunidad se aplicara a partir del 1 de julio el copago de medicamentos en función de la renta y que se retirara la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación irregular. Aunque no dice nada sobre contravenir las modificaciones vinculadas al transporte sanitario no urgente y a las ortoprótesis, también incluidas en el real decreto de reformas, supone un golpe sobre la mesa contra la normativa nacional. El Ministerio ha señalado que "la norma es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional". El decreto vasco señala que, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, deberán solicitar la renovación de tarjeta "en las Direcciones Territoriales del Departamento de Sanidad y Consumo correspondientes al lugar donde aquél tenga su residencia".
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Sanidad priorizará a los grandes dependientes

La reforma del sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia que prepara el Ministerio de Sanidad priorizará las necesidades de los grandes dependientes, ya que la herencia de un sistema colapsado, unido a la actual crisis económica hacía inviable el futuro de la ley de dependencia. El Ejecutivo pretende que los más dependientes reciban la atención que necesitan y que se reduzcan los tiempos de espera para el acceso a las prestaciones, que afecta al 30 por ciento de las personas valoradas. La crisis, el mal diseño de la ley, la falta de un sistema de evaluación y la mala previsión han llevado al sistema hasta un punto crítico que lo hace «insostenible», según ha dicho esta semana el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Juan Manuel Moreno.
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