2025 iba camino de concluir como el primer año desde hace más de una década en el que en España año se celebraban elecciones generales, autonómicas ni al Parlamento Europeo. Hay que remontarse a 2013 para encontrar un año con menos actividad electoral en nuestro país. Pero no va a ocurrir. La presidenta extremeña, María Guardiola, ha decidido inaugurar el ciclo electoral y ha convocado comicios autonómicos en su comunidad para el 21 de diciembre. Lo ha hecho, ha explicado, ante la imposibilidad de contar con los votos suficientes para sus Presupuestos (aunque sus críticos afirman que tampoco lo ha intentado demasiado). Ya sea responsabilidad por la falta de apoyos para gobernar o tacticismo político, la realidad es que de esta situación de bloqueo, que se vive también en otras CC AA y a nivel estatal, hay un perjudicado, y son las arcas públicas. No sólo por lo que cuesta todo lo que rodea a un proceso electoral, sino también porque los servicios a los ciudadanos y, de manera singular, la sanidad, son los que sufren más que no se aprueben las Cuentas públicas. En Extremadura, sin ir más lejos, los Presupuestos que no se han aprobado preveían un aumento en el presupuesto de la Consejería de Sanidad superior al 13%. Guardiola espera ahora obtener una mayoría más holgada que le permita aprobar este proyecto, veremos si lo consigue. Entretanto, “calientan”, que salen, Castilla y León, que irá a las urnas, en principio, el 15 de marzo, y Andalucía, que aún no sabe cuándo lo hará, pero que tiene que votar antes de que acabe el primer semestre de 2026, y todavía está en plena crisis por los cribados del cáncer de mama.
Mal rollo en el Interterritorial
El asunto de los cribados, por cierto, ha enturbiado la relativa calma en el seno del Consejo Interterritorial. En su última reunión, el pasado viernes en Zaragoza, los consejeros de las CC AA gobernadas por el PP dieron un plantón a la ministra, se negaron a compartir los datos sobre mamografías y otras pruebas que les exigía la ministra Mónica García y se fueron a pasear por la capital aragonesa, dejando a García con los consejeros restantes, que bien habrían podido compartir un taxi para todos a la vuelta. La ministra respondió llamándoles “cafres” y anunciando acciones legales. Ni el enfado de los populares ni las amenazas de la ministra tendrán probablemente mucho recorrido. Las CC AA del PP no pueden faltar a las reuniones ad infinitum, sobre todo porque allí se reparten fondos de los que son beneficiarias. Por otro lado, no está claro el encaje legal de la petición de datos de la ministra, y ni siquiera la plataforma en la que pretende que las autonomías vuelquen sus datos. En definitiva, las aguas sanitarias volverán a su cauce, pero los errores en los cribados seguirán dando qué hablar.
