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La sanidad en España es cosa de las Comunidades Autónomas. Son ellas las responsables de la gestión y las que manejan el presupuesto. El Ministerio de Sanidad tiene un papel más institucional, con competencias puntuales. Por eso, el sueño de todo ministro de Sanidad es capitalizar los éxitos, que les relacionen con asuntos tales como campañas o leyes relacionadas con la salud pública, como la Ley Antitabaco, estrategias generales de mejora en tratamiento de enfermedades, etc. Y mientras, intentar que las crisis, el descontento de pacientes o profesionales, salpiquen más bien a los responsables directos de la gestión, los consejeros autonómicos. Esta idea, en muchos casos, resulta utópica, y así lo está comprobando en estos días Mónica García. A pesar de sus esfuerzos por cambiar la conversación, la ministra lleva camino de conseguir justo lo contrario: aunar la indignación de sindicatos y profesionales sanitarios de distintas CC AA, con diferentes problemas y circunstancias específicas, contra su persona. La causa hay que buscarla, claro, en el famoso Estatuto Marco. Este martes miles de profesionales se echaron a las calles en toda España, y es a García a quien culpan. En concreto, la acusan de cerrar “en falso” la negociación sobre el documento que regirá sus condiciones laborales en los próximos años. La ministra no es ajena a esta presión de la calle y, como muestra, el mismo martes por la tarde convocó a los sindicatos del Ámbito de Negociación a una nueva reunión en la que prevé trasladarle las “observaciones planteadas por las Comunidades Autónomas” al borrador del Estatuto Marco. Es decir, un encuentro para intentar poner la pelota en el tejado de los Gobiernos Autonómicos, el plan sin fisuras de todo ministro de Sanidad. Veremos si lo consigue.

La industria farma, comprometida por un sistema sostenible

Farmacovigilancia, atención farmacéutica, uso racional de los medicamentos, prevención de resistencias a antibióticos, optimización de terapias de alto impacto, formación continuada de los profesionales sanitarios e implementación de los planes nacionales de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical. Estas son algunas de las partidas a las que se destinarán este año las aportaciones que hace la industria farmacéutica a la sanidad pública, en función de sus ventas. Un total de 46 millones de euros, cuyo reparto se ha decidido en el Consejo de Ministros del pasado martes, y que demuestran que los laboratorios forman parte del sistema y contribuyen a su sostenibilidad.  

Imagen destacada: CESM (www.cesm.org)

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