Esta semana la información sanitaria ha ocupado poco espacio dentro de la actualidad general. No ha sido porque no haya habido actividad y noticias: en el plano normativo, el Consejo de Ministros ha aprobado el esperado Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Por su parte, los sindicatos médicos tratan de buscar una salida a la huelga que mantienen de manera intermitente por el Estatuto Marco, después de la cuarta y penúltima semana de paros. Y mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ultima ya el texto de este Estatuto que llevará “en los próximos días” al Consejo de Ministros en forma de Anteproyecto de Ley.
Si miramos a las cuestiones de salud pública, el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha registrado un nuevo positivo por hantavirus entre los confinados del crucero Hondius, aunque el interés / la alarma ha bajado de manera considerable. Y, más allá de nuestras fronteras, algo probablemente más preocupante: el brote de ébola en Congo, donde las muertes “sospechosas” se cuentan ya por centenares.
Pero nada de esto ha acaparado la actualidad como lo han hecho las últimas investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción. En particular, los que conciernen al Partido Socialista y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero, que se hable de presuntos delitos no resta relevancia al mundo sanitario. De hecho, muchos de los últimos casos de corrupción conocidos, incluido este último, tienen derivada sanitaria. Y es que el punto en común de muchos de ellos es su origen: la pandemia de COVID-19 de 2020. Tramas de compra de mascarillas y material sanitario, rescates económicos bajo sospecha… A Zapatero se le empezó a investigar por el supuesto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Un rescate pandémico entonces, y un presunto caso de corrupción pandémica seis años después.
