En una familia, se pueden ajustar los gastos, pero hay algunos indispensables, como la alimentación. En los alimentos hay un cierto margen para eliminar caprichos, pero de lo esencial no se puede prescindir. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Salvo que, en este caso, no hay elementos superfluos.
Cuando se sufre una enfermedad, cada paciente debe seguir un tratamiento. En función de cada caso, tendrán un precio distinto, pero para el que los necesita, ninguno es prescindible. Si esta situación se extrapola al ámbito “macro”, los medicamentos serían un gasto, pero recortar en algunos, en función de su precio, supondría negar a unos ciudadanos -pacientes- lo que otros tienen garantizado, dependiendo de su enfermedad. De cómo de frecuente es, de cómo de innovador es su tratamiento, etc.
Esta analogía viene a cuento esta semana porque se ha empezado a hablar del próximo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que Pedro Sánchez ha prometido presentar, aunque a priori no tenga visos de salir adelante.
El exministro socialista y economista Jordi Sevilla ha asegurado en una publicación esta semana que el proyecto incluirá un recorte de 2.000 millones de euros. El propio Sevilla señala que los medicamentos no deberían pagar el pato de la sostenibilidad del gasto público, cuando el gasto en farmacia se ha mantenido estable. A pesar del aumento del envejecimiento y las enfermedades crónicas, que sí han afectado, por ejemplo, al gasto en pensiones.
Es posible que todo este “ruido” no sea más que un globo sonda del Gobierno para ver cómo respira el sector y la sociedad ante esta propuesta que, en todo caso, no prosperará en el Congreso. Pero es cierto que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas de todo signo tienen muy a menudo la tentación de meter tijera por donde les resulta más sencillo, y el gasto en fármacos está en los primeros puestos de la lista. No sólo se puede recortar vía Presupuestos Generales.
La negativa a financiar ciertos fármacos, por miedo a que la población diana sea demasiado amplia, es otro recorte encubierto. Y aquí no hay que mirar sólo al Gobierno, sino a todas las administraciones con competencias en salud.
Decreto MIR, sin tocar a la privada
El Ministerio de Sanidad ha abierto el trámite de audiencia el Decreto que actualiza la relación laboral especial de los MIR y otros titulados en Ciencias de la Salud en formación. Este ‘estatuto’ MIR era necesario, ya que llevaba casi dos décadas sin actualizarse.
Entre las novedades, destaca el límite a las jornadas y guardias, con una jornada ordinaria máxima de 35 horas semanales, guardias de 17 horas y un máximo de 45 horas semanales de promedio. Los residentes, además, cobrarán el complemento de grado de formación desde el primer año. La norma, además, refuerza la prevención de riesgos psicosociales con evaluaciones periódicas, protocolos de apoyo, etc.
De lo que no hay rastro en el decreto es de aquella idea de Mónica García, de limitar por ley la posibilidad de que los MIR, al terminar la residencia, ejerzan en la sanidad privada.
Una idea que, dadas las necesidades actuales de profesionales, tanto en la pública como en la privada, parece haber quedado descartada, como quedó aquella de limitar el ejercicio privado de los jefes de Servicio.
