La polémica sanitaria de la semana la introdujo en el debate público (una vez más) la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, y hablando de presupuestos, aseguró que la sanidad privada “tributa al 0%” y se mostró partidaria de negociar con la parte del PSOE del Gobierno para que esto cambie en los próximos Presupuestos Generales del Estado. No es la primera vez, ya en 2020 los socios de Gobierno plantearon algo similar, y entonces la Airef recomendó descartar esta medida por el impacto que tendría, de 3.500 millones si se suma también la educación privada. A principios de este año, volvió a proponerlo. Dado que España está en la misma situación que Europa, y que ya de por sí el equilibrio parlamentario para sacar adelante las cuentas es complicado, no parece probable que salga adelante un cambio en este sentido.
Salud mental en el arranque de la actividad parlamentaria
Con el comienzo del curso escolar ha empezado también la actividad sanitaria en el Congreso y en el Senado. El miércoles, en la Cámara Baja, donde la primera reunión de la Comisión de Sanidad tras el verano estuvo marcada por la salud mental. El mismo asunto que ha protagonizado la semana sanitaria del Senado, donde ha empezado a trabajar la Ponencia para el estudio de la salud mental y la prevención del suicidio, cuyo día también se ha celebrado esta semana. Son más de 4.000 las personas que se quitan la vida al año en España y desde el Parlamento se quiere avanzar en ideas para evitarlo.
El ’Informe Draghi’ y la competitividad farmacéutica
Esta semana la Comisión Europea ha publicado el llamado ‘informe Draghi’, que ha tenido un gran impacto en el sector sanitario en general y, en particular, en la industria. Elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para evaluar la competitividad de Europa en comparación con otras regiones, presenta recomendaciones para cerrar la brecha de innovación con una nueva estrategia industrial. Entre ellas, señala una menor inversión pública en I+D en la UE, la fragmentación de la misma; una menor inversión privada en I+D debido a un entorno de apoyo más débil, y un marco regulador lento y complejo. Es decir, muchas de las causas que la Federación de la Industria Farmacéutica Europea (Efpia) y Farmaindustria ya habían apuntado.
