Un crucero con un brote de hantavirus nos ha hecho recordar estos días las semanas previas a la pandemia de 2020. El episodio tiene muchos de los ingredientes de crisis sanitarias previas: incertidumbre epidemiológica, presión internacional y toma de decisiones en frontera. El barco fue retenido tras la negativa de Cabo Verde a permitir el desembarco y puso directamente la vista en Canarias, lo que provocó el enfrentamiento entre el Gobierno autonómico y la Moncloa. Presidencia se apresuró a decir que sólo bajarán los pasajeros españoles y serán trasladados a Madrid, pero la tensión no se relajará hasta que pasen los 45 días de período de incubación del virus.

Aunque, a diferencia de infecciones como la COVID-19, el hantavirus presenta una transmisibilidad muy baja entre humanos, este caso ha hecho a España enfrentarse a un dilema: gestionar una amenaza sanitaria limitada, pero con alto potencial de alarma social. En un primer momento, el Ministerio de Sanidad evitó comprometerse públicamente a acoger el barco sin datos epidemiológicos y tiró la pelota a la OMS y socios europeos.

No se le escapa a Mónica García el coste político de un posible error, precisamente en un momento delicado en su trayectoria. Al mismo tiempo, a España le podría convenir la imagen de “puerto seguro” en un contexto de rechazo por otros países. Todo un reto que exige alcanzar el equilibrio entre protección de la población, cumplimiento de responsabilidades globales y control de la reacción social, cuya resolución veremos en los próximos días.

Un nuevo perfil técnico en el Interterritorial

Esta semana estrenamos una “cara nueva” en el Consejo Interterritorial. Nueva, porque Ángel Sanz Barea ha tomado posesión este lunes como nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, aunque en realidad es una persona bien conocida en el sector, tanto en esta Comunidad como en Navarra (su lugar de nacimiento). En ambas regiones ha sido el director gerente del servicio regional de salud. Sanz Barea no es profesional sanitario, su formación es de ingeniero industrial, un perfil más técnico y alejado de las turbulencias de las distintas profesiones sanitarias (como el conflicto por el Estatuto Marco).

Aunque la gran mayoría de los consejeros de Sanidad, en la actualidad, son profesionales de la salud (médicos, enfermeros y hasta una psicóloga), comienza a haber signos de cambio en esa tendencia. Uno es el ingeniero Sanz Barea; otro, el consejero de Presidencia y Emergencias de Andalucía, abogado de profesión, al que Moreno puso al frente hace sólo unos meses del que está siendo el gran caballo de batalla de la campaña electoral: la Sanidad.

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