Si a nuestro “yo” de marzo de 2020 le hubieran preguntado entonces cómo creía que recordaríamos la pandemia, el confinamiento y todo lo relacionado con la gestión de la Covid-19, es probable que no hubiera acertado. Unos confiarían en que “saldríamos mejores”; otros vaticinarían el colapso de la economía y de la salud. Los más optimistas creerían que todo se habría resuelto en pocos días y apenas lo recordaríamos en este 2025. Todos se habrían equivocado. Hoy, el día en que se cumplen cinco años del estado de alarma y del #Quédateencasa, no sólo se recuerda perfectamente, sino que la crisis sigue abriendo informativos. Ahora la batalla es por el relato, y la gestión de la pandemia sigue siendo un arma política arrojadiza. Es lo que ha ocurrido esta semana, y ya en los días anteriores, de manera singular, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, con dos rivales como Isabel Díaz Ayuso y Mónica García a la cabeza. Si el Gobierno y, en particular, la ministra de Sanidad ha azuzado la cifra de 7.921 fallecidos en residencias en Madrid, la Comunidad ha contraatacado con un vídeo y una declaración televisada de la presidenta en el que tilda este dato de “invento” y ahonda en las contradicciones del Ejecutivo en aquellas fechas. Si la Comunidad apunta al entonces portavoz, Fernando Simón, por haber dicho una cosa y la contraria en días sucesivos, a medida que avanzaba la pandemia, Sanidad vuelve a sacar de su despacho del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a Simón, que hoy estará con Mónica García en un evento especial en el Carlos III, para explotar su lado más técnico y científico. En definitiva, cinco años después, todos buscan consolidar su posición inamovible.
La ley de alcohol y menores sale del cajón
Y si esta semana ha vuelto a la actualidad un tema ya “antiguo” como la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha resucitado uno que lo es aún más: el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores. No es la primera vez que este tema llega al Parlamento, ha ocurrido con sucesivos Gobiernos de distintos colores. En realidad, el texto es el mismo, con modificaciones. Pero hasta ahora, la historia siempre ha acabado igual, y ha sido con el proyecto de vuelta al cajón de un despacho de la Dirección General de Salud Pública o del Plan Nacional Sobre Drogas de donde salió. ¿Cómo es posible, si reducir el consumo de alcohol en menores es a priori un objetivo que podrían compartir todos los grupos políticos? La respuesta está soplando en el viento de los pasillos del Congreso y del Senado, del Ministerio de Agricultura, del de Economía… Esta vez el texto incluye medidas como la limitación de toda publicidad de bebidas alcohólicas que remotamente pueda llegar a un menor de edad (incluidas vallas a 150 metros a la redonda de colegios), y otras como la prohibición de que personas relacionadas con el sector de las bebidas participen en programas de educación o formación en institutos, aunque estén dirigidas al consumo responsable de mayores de edad, es decir, que el “zorro” no pueda cuidar de las “gallinas”. Veremos si una ley a priori poco polémica llega a buen puerto. No está nada claro.
