Una semana después, todo ha pasado ya. ¿O no? El barco fondeó en Tenerife, luego atracó, pero por poco tiempo; los pasajeros fueron enviados a sus países; el crucero continuó su camino a Países Bajos; los 14 españoles ingresaron en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para realizar su cuarentena y, en uno de los análisis, uno de ellos dio positivo en PCR por hantavirus. La misma suerte corrió otra de las personas desembarcadas en Tenerife, de nacionalidad francesa, que dos días después estaba “muy crítica” en un hospital de su país.
Pero todo entra dentro de lo previsto, el virus es un viejo conocido, y toda la operación se coronó con una rueda de prensa conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El Dr. Tedros elogió a España, alabó la “bondad” de su Gobierno, y reveló que le encantó conocer Tenerife, donde además de supervisar el operativo, tuvo la ocasión de dar largos paseos. En cuanto a la situación epidemiológica, el director de la OMS afirma que nada apunta “a un brote mayor”, aunque la situación “puede cambiar”. Lo dicho. Todo ha pasado. Circulen.
Sanidad y economía, a debate en el Parlamento
En medio de la crisis del hantavirus, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana asuntos de calado sanitario, aunque sin relación con este patógeno. Se trata de temas cuya tramitación estaba pendiente y, quien sabe si por la cercanía que ha tenido en estas semanas Sanidad con Moncloa, se ha acelerado. Eso sí, deberán ser ratificados en el Parlamento, y eso es ya más difícil. El primero es el Proyecto de Ley de Gestión Pública, ya en segunda vuelta. Esta es la norma con la que Mónica García quiere poner coto a la colaboración público-privada que ejercen las Comunidades Autónomas en sanidad.
Este proyecto tiene difícil, si no imposible, salir adelante en el Parlamento, dada la falta de una mayoría parlamentaria sólida que apoye al Gobierno y, sobre todo, por la posición contraria que han mantenido los grupos nacionalistas, en particular, Junts, pues, además de que Cataluña es la autonomía con más acuerdos con la privada, hay dudas razonables de que la norma pueda vulnerar competencias autonómicas.
Junto a esta ley, sin embargo, la ministra de Sanidad ha presentado otra iniciativa, un Real Decreto-ley que modifica el sistema de copago en oficinas de farmacia. Como Decreto-ley, también precisará convalidación en el Congreso, pero quizá tenga más visos de salir adelante, pues los grupos parlamentarios tendrán que retratarse y argumentar. Aunque la esencia del sistema es la misma que el actual: casi todo el mundo paga parte de sus medicamentos y no hay rastro de aquella promesa de eliminar copagos, el decreto introduce más tramos y topes para rentas inferiores a 35.000 euros al año. En unas semanas veremos qué posiciones ocupa cada fuerza política en este asunto.
