Acuerdos políticos
El panorama de crisis sanitaria y económica que deja la pandemia de la COVID-19 hace que se fragüen consensos que en otro contexto quizá no hubieran sido posibles. Esta semana han cristalizado dos acuerdos de carácter político que se presentaban como muy difíciles y que marcarán el devenir de la recuperación tras la honda herida social y material que la epidemia ha dejado en nuestro país y en todo el mundo.
Primer acuerdo
El primero de estos acuerdos llegaba el martes por la mañana, tras cinco días (con sus noches) en los que los líderes de los gobiernos europeos reunidos en Bruselas protagonizaron un tira y afloja que, pese a que por momentos amenazó con saldarse con un estrepitoso fracaso y una Europa dividida, hoy se califica de éxito histórico. Esta tensa negociación se ha traducido en un fondo de 750.000 millones de euros, 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos, para responder al descalabro económico causado por la crisis del coronavirus. En lo que concierne a España, se calcula que podrían corresponder 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 son en ayudas directas.
Segundo acuerdo
El segundo acuerdo se ha traducido en la aprobación de las propuestas relativas al sistema sanitario planteadas por la Comisión parlamentaria para la reconstrucción ante las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. El amplio apoyo que han suscitado las reformas que se contemplan (256 votos a favor) se logró tras un trabajado acuerdo entre Gobierno y oposición en el que han actuado como muñidores dos veteranos diputados de PSOE y PP. El presidente de esta Comisión de reconstrucción, el diputado socialista Patxi López, y la portavoz popular en la misma, Ana Pastor, limaron asperezas hasta el final con el objeto de poder aprobar este dictamen junto con el relativo a la Unión Europea. Las conclusiones en materia económica, por otra parte, fueron aprobadas con los votos del bloque de izquierdas, mientras que las de política social resultaron rechazadas.
Consenso sanitario
El consenso sanitario alcanzado incluye, entre otros aspectos, la puesta en marcha de un plan de Recursos Humanos en sanidad, con la idea de cubrir el déficit de profesionales y mejorar sus condiciones laborales; la Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial, una de las principales reclamaciones del PP y que debería coordinar el trabajo de las distintas comunidades autónomas ante situaciones como la presente pandemia; un ‘plan renove’ de obsolescencia en tecnología sanitaria; una estrategia nacional de vacunas, otra de cronicidad, o el impulso definitivo de la transformación digital en el sector.
Financiación de la formación médica
Pese a ese acuerdo transversal entre Gobierno y oposición, se mantiene el ‘no’ del Congreso a que la industria financie la formación médica. En su punto 47.2, el dictamen insta a tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas y se anuncia una prohibición de la financiación de estas actividades por la industria, así como el patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Aunque el Grupo Popular presentó una enmienda a este punto, ésta no resultó aprobada. Habría sido interesante que los partidos políticos, además de dialogar entre ellos para sacar adelante este paquete de medidas, hubieran buscado el consenso de los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes. De haber sido así, habría sido improbable que una prohibición de este tipo hubiera visto la luz.
