Que España ocupe espacio en la prensa internacional, mal que nos pese, es algo bastante insólito. Esta semana, sin embargo, nuestra política ha saltado a la BBC y a las páginas de The Guardian, Financial Times o The New York Times. ¿Cómo se ha conseguido? Con un titular al que no se han podido resistir: España, cuatro elecciones en cuatro años. En efecto, iremos de nuevo a las urnas el próximo 10 de noviembre. Esto significa que el Gobierno seguirá en funciones, al menos, hasta final de año, lo que supone que este 2019 ha quedado prácticamente en blanco, en lo que a decisiones políticas se refiere. La parálisis política pasada y la que viene no supone sólo votar más a menudo, sino que tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Y, cómo no, consecuencias sanitarias. Estas son algunas:
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Las CC AA, asfixiadas.
Ésta, quizá, es la más evidente. Con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados por segunda vez, se han paralizado las entregas a cuenta, un sistema que permite a las CC AA recibir de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden del Estado. Si se tiene en cuenta que las autonomías son las responsables de la gestión sanitaria que, de hecho, supone la primera partida en su presupuesto, este estancamiento en las cuentas es un problema importante.
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Sin nuevas leyes.
Hace más de un año que no salen adelante proyectos de ley. Sólo decretos y, como mucho, decretos-leyes, que es lo único que puede sacar adelante un Gobierno en funciones con un Parlamento incapaz de articular mayorías. Por tanto, se han quedado en el cajón, no sólo la ley para regular la eutanasia en la que la ministra de Sanidad tenía especial empeño, sino también cualquier iniciativa para garantizar la universalidad o para actualizar la legislación sanitaria en cualquier ámbito.
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El gasto social se resiente.
Un informe presentado hace unos días por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, entidad que monitoriza la atención a la dependencia por parte de las CC AA, alerta de que prolongar el tiempo en funciones del Gobierno supone un riesgo de “deterioro de los servicios públicos esenciales”.
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Los salarios de los profesionales, congelados.
Una de las consecuencias de la prórroga del Presupuesto que más afecta a los profesionales sanitarios es la posibilidad de que los salarios de los empleados públicos (muchos de ellos médicos, enfermeros, farmacéuticos de hospital, etc.) queden congelados. Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF ya han exigido al Gobierno en funciones que articule un mecanismo para hacer posible la subida salarial pactada.
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Interlocutores provisionales.
Y, si lo anterior importa a los profesionales, al sector en general (compañías, patronales, sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes…) le preocupa que sus interlocutores en las instituciones sean, por fuerza, provisionales y tengan las manos atadas para tomar decisiones. Una situación que todo el sector espera que se resuelva cuanto antes.
