Mientras los “padres” del lobby se disputan aún en los libros la proeza de los orígenes de esta actividad, hablamos de Estados Unidos y de Reino Unido, en España aún queda un largo camino que recorrer en dicha materia. Y es que la transparencia continúa siendo la piedra en el zapato no solo de los partidos y del Gobierno de turno y de los anteriores, sino, además, de las instituciones que parecen ir tomando conciencia de la importancia de jugar esta carta.
El lobby como actividad ha estado siempre en entredicho, y aunque es difícil de estimar las dimensiones, efectos y consecuencias de la misma a día de hoy en nuestro país, la representación de intereses particulares debería de ser considerada como un síntoma de salud democrática, entendiéndose esto como una oportunidad de advertir sobre posibles consecuencias derivadas de una modificación legislativa, así como de una ocasión para llevar a cabo mejoras en el ordenamiento jurídico.
Las relaciones institucionales en la UE: el caso de España
Pero, ¿qué es lobby y qué no es lobby? ¿Hasta qué punto supone una actividad lícita y a partir de qué instancia puede ser considerado como “tráfico de influencias”? En 2006 la UE ponía en marcha su Libro Verde con el objetivo de mejorar la transparencia en el proceso de la toma de decisiones, establecer un marco más estructurado que regule la actividad de los grupos de interés y la obligación de divulgar determinada información, entre otras medidas. Una iniciativa que se vio reforzada en los años consecutivos con la creación del Registro de grupos de interés y la adopción de un Código de Conducta.
Es en este punto donde cabe preguntarse, ¿España y sus instituciones están preparadas para afrontar un modelo similar de transparencia? ¿Por qué se continúan postergando acciones que den respuesta a ello? ¿Podría tomarse como referencia los resultados alcanzados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde su entrada en funcionamiento en 2013?
Mientras que en la Cámara Baja y Alta los partidos continúan debatiendo y postergando mejoras en esta línea, las instituciones europeas continúan recibiendo a grupos de influencia españoles que se muestran abiertos a aceptar las reglas de su “juego”. Sin ir más lejos, durante el primer trimestre de 2019 la presencia de lobbies nacionales en Bruselas se veía incrementado, y entre ellos destacan: empresas u organizaciones empresariales, bufetes de abogados y administraciones locales o regionales, y organizaciones no gubernamentales u oenegés. Actualmente 11.930 organizaciones se encuentran inscritas en el Registro de Transparencia de la UE.
La pasada semana, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) hacía público un informe de evaluación en el que se insta a España a aplicar una estrategia integral contra la corrupción y a mejorar el marco legal. Asimismo, el Grupo aplaude los esfuerzos llevados a cabo en materia de anticorrupción y recomienda la puesta en práctica de mejoras en transparencia y prevención de conflictos de intereses para funcionarios gubernamentales de alto rango, incluidos los asesores políticos.
